Fundamentación

El paradigma de ciudad en la Argentina y en América Latina se ha caracterizado por los lineamientos de ordenación territorial impuesto por el capitalismo del siglo XIX y XX en la región. Las ciudades y los tejidos urbanos son resultantes del orden económico y social que entiende el desarrollo en términos de producción y beneficio. Esta lógica se ha impuesto históricamente a los intereses y derechos de los ciudadanos y ha condicionado directamente la composición urbana, convirtiendo a la ciudad en un tejido fragmentado e insocial. De esta manera los centros urbanos fueron extendiendo sus límites de manera desordenada y guiados por el mercado y la especulación inmobiliaria en algunos casos y por la pobreza estructural en otros. Como manchas de aceite sin control fueron creciendo carentes de  planificación y control.

Como en los albores de la Revolución Industrial, las ciudades en nuestra región muestran importantes contradicciones. Fragmentada, con sectores con alto nivel de infraestructura y equipamiento y planteados por el mercado como lugares seguros y preferentemente aislados que contrastan con el crecimiento de periferias ausentes de cualquier nivel de planificación, sin los servicios  necesarios y privados de los componentes indispensables para la construcción de la vida urbana. De esta manera las ciudades pierden o delegan en nuevas centralidades su carácter de ámbito natural de intercambio de vínculos, de convivencia plural, democrática y solidaridad. Los gobiernos locales, por inacción, por ausencia de liderazgo, han incumplido su misión rectora debiendo recuperar su papel fundamental en los procesos de desarrollo y planificación asegurando la participación de todos los sectores y el cuidado del patrimonio cultural y ambiental.

En este contexto, el espacio público, síntesis para denominar los ámbitos de carácter colectivo, de sociabilización, de encuentro y movilidad, se ha trasformado en un ámbito  hostil y carente de solidaridad, donde la ausencia de normas (reales o percibidas) y de controles alientan la infracción y la trasgresión al no tener las mismas un costo en el sistema social. Los centros históricos de muchas de nuestras ciudades se encuentran vandalizados, abandonados y desplazados por estas nuevas centralidades que reconstruyen pactos de convivencia en suburbios diseñados para una clase social que puede costearse en forma privada la educación, salud y seguridad. Este proceso de movilidad impuesto provoca una migración negativa desde centros históricos hacia los asentamientos privados, exponiendo a los primeros a convertirse en receptores de formas informales de comercio, trabajo y hábitat.

La reciente encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, donde el Papa Francisco expresa su pensamiento en torno a la  defensa de un desarrollo sustentable e integral, nos dice:

“En algunos lugares, rurales y urbanos, la privatización de los espacios ha hecho que el acceso de los ciudadanos a zonas de particular belleza se vuelva difícil. En otros, se crean urbanizaciones « ecológicas » sólo al servicio de unos pocos, donde se procura evitar que otros entren a molestar una tranquilidad artificial. Suele encontrarse una ciudad bella y llena de espacios verdes bien cuidados en algunas áreas « seguras », pero no tanto en zonas menos visibles, donde viven los descartables de la sociedad (2015).”

De igual manera, no solo la pérdida, la degradación o la urbanización de los espacios de sociabilización como las plazas, parques y paseos han perjudicado la calidad de vida urbana; también se han retraído hasta casi desaparecer los espacios que han sido pensados y construidos por el sector asociativo y  desplazados por un nuevo equipamiento dictado por las leyes de mercado; el antropólogo francés Marc Auge los ha denominado No lugares: Centros comerciales y cinematográficos, hoteles, impersonales y  anónimos. En este sentido y tal como lo afirma el urbanista catalán, Jordi Borja, el rechazo a lo homogeneización cultural que trae consigo la globalización forma parte de los actuales procesos urbanos (Borja, 2013: 38).

Las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro que construye y consolida espacios de identidad, de solidaridad, educación, salud, tienen una tradición histórica en Argentina. Surgen en el siglo XIX y se desarrollaron como una fórmula de autogestión ciudadana que implicó un modelo de intermediación ante las autoridades públicas con el objetivo de suplir las necesidades de infraestructura y servicios que el país demandaba o que determinado colectivo requería. La aparición de la política de Estado de la década del 1940 ubica a estas entidades en un rol diferente, de necesaria articulación con las políticas públicas. Si pensamos en el recorte de lo cultural o de lo patrimonial, tuvieron gran presencia y cumplieron un rol fundamental en la construcción de vínculos solidarios e interacción ciudadana. Los clubes de barrios, las sociedades de fomento, las bibliotecas populares y los teatros vecinales, han sido fundamentales al momento de consolidar la identidad barrial y el sentido de pertenencia comunitario.

En 1966, UNESCO establece la Declaración de los Principios de la Cooperación internacional, donde anuncia que toda cultura tiene una dignidad y un valor que deben ser respetados y protegidos y que todo pueblo tiene el derecho y el deber de desarrollar su cultura.  Se abre de esta manera la puerta a una nueva protección jurídica: los denominados derechos colectivos. Se establece así esta categoría que legitima la acción y participación de la comunidad, en tanto sujeto colectivo y no individual,  en la defensa de derechos básicos del ser humano: la defensa de la identidad, de la memoria, a la protección y salvaguarda de los bienes culturales y naturales que son propios de su devenir histórico y que deben trascender a las futuras generaciones. A su vez, el derecho a la ciudad y a la gestión de su cultura y específicamente de su patrimonio, como nuevas categorías jurídicas, obligan a reflexionar sobre los nuevos límites que esto posibilita.

En la actualidad, en las sociedades democráticas, la participación de las entidades del sector civil es esencial en el momento de planificar el desarrollo de una comunidad. Su colaboración es un requisito imprescindible para el Estado en el momento de la toma de decisiones e implica una manera de entender las políticas públicas a partir de la construcción de consensos y de aunar intereses diversos, que apunten a la recuperación de la habitabilidad perdida en los espacios urbanos. De igual manera, el derrumbe del paradigma del patrimonio cultural asociado exclusivamente a las expresiones de la alta cultura y a los hechos significativos de la historiografía oficial ha dado dando lugar no solo a procesos de reconocimiento y valoración de saberes no institucionales, sino a la implicación de la ciudadanía en todo el curso de acciones que se inicia en el  reconocimiento de la prácticas y bienes que merecen ser protegidos.

En un artículo aparecido en el diario El País, Borja expresa:

“El urbanismo es una dimensión de la política, de lo colectivo, y se posiciona en un espacio conflictual de intereses, valores y necesidades. Se manifiestan los privilegios y las exclusiones, el conflicto entre clases y grupos, entre los beneficios privados y los derechos de ciudadanía. Son las fuerzas sociales y sus expresiones políticas las que orientan el urbanismo y manifiestan valores, demandas y aspiraciones. Las instituciones políticas lo traducen en programas políticos según los intereses a los que responden.”

En este cambio de paradigma también se ha modificado en las últimas décadas la definición de  patrimonio cultural, incorporando los aspectos materiales e inmateriales, vinculándose a su vez con la comunidad, el desarrollo sustentable y la implementación de políticas centradas no solo en la conservación sino en el uso social de los bienes y las expresiones de carácter patrimonial. De igual manera, el concepto de desarrollo también sufrió una mutación importante al abandonar los guarismos econométricos como dato exclusivo de análisis e incorporar una perspectiva humana y medioambiental.

Un plan de desarrollo legítimo conlleva a desarrollo con identidad, pluriactividad económica, equilibrio poblacional, cultura endógena y turismo sustentable. Aúna la equidad social, la diversidad cultural, el patrimonio y los paisajes, como ejes fundamentales para un desarrollo equilibrado en armonía con la naturaleza.

De esta manera, los valores asignados al patrimonio cultural se han ampliado, ya que tradicionalmente se hablaba en términos de estética, significación histórica y comprensión del pasado y actualmente hablamos de productos, recursos e industrias culturales, inversión, sustentabilidad y generación de empleo. En el marco del equilibrio adecuado y equitativo entre conservación, sustentabilidad y desarrollo (Declaración de Budapest sobre patrimonio mundial), es factible generar desarrollo sustentable desde una perspectiva integral de la conservación que abarque al mismo tiempo el campo ambiental, el productivo y la protección del patrimonio cultural.

Sin embargo, estos nuevos conceptos y definiciones, surgidos en los organismos multilaterales y enriquecidos en las instituciones académicas, no han desarrollado en nuestro país la necesaria praxis en los ámbitosdonde debería enlazarse: los municipios. Es justamente el ámbito local donde esta perspectiva cobra sentido, la ciudad constituye el escenario en el que se produce y concreta la articulación con el sector civil y su territorio es el sustrato donde se identifican los bienes y las expresiones culturales relevantes para la ciudadanía. Pensamos en Políticas Públicas para las ciudades, asociadas a ruralidades circundantes, desde la interacción estado-comunidad activa, la ciudad, el territorio, donde el patrimonio y la participación ciudadana son ejes sustanciales del desarrollo, y  el espacio local como la efectiva unidad de cambio y transformación.

Las reflexiones en torno al espacio público y el desarrollo de la ciudad en un procedimiento de planificación moderno están vinculadas a un pensamiento abierto, multidisciplinar, diverso, que se aleja de modelos rígidos para estimular el trabajo colaborativo y los nuevos enfoques sobre desarrollo sustentable.

El turismo cultural y las industrias culturales y creativas representan un modo de desarrollo contemporáneo en torno al patrimonio local. De esta manera un paisaje, un monumento histórico, un parque, una festividad tradicional, actúan como atractivos para los visitantes, permitiendo de manera equilibrada y respetuosa,  dinamizar las economías locales y generar empleo.

Como antecedente, entre el 18 y el 20 de abril de 2013 se realizaron las Segundas Jornadas de Patrimonio y Desarrollo, días después del terrible temporal que asoló la ciudad de La Plata y que tuvo como consecuencia daños materiales y peor aún, numerosas pérdidas humanas.  En este duro contexto, ICOMOS Argentina expresó su posición y señaló la responsabilidad de los distintos estamentos del Estado por la falta de una política de previsión y planificación territorial donde el crecimiento desmedido quedó en manos casi exclusivamente de los sectores inmobiliarios. El texto presentado en esa ocasión, conocido como Recomendación La Plata surgió con un ambicioso propósito: tener un documento propio que a todos los que luchamos por el cuidado y conservación del patrimonio cultural nos sirva como herramienta para exigir al poder público el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades.

Ante lo expuesto, el propósito principal de estas 3ras Jornadas es abrir el debate desde esta perspectiva contemporánea, explorando y compartiendo experiencias acerca del modo en que la gestión del patrimonio puede contribuir al desarrollo sustentable y a la definición de una ciudad inclusiva y democrática, vinculando los aspectos sociales, ambientales y culturales que incidan en una mejora integral de la calidad de vida de las comunidades involucradas.